¿software libre o robo gratis?
Por una parte están quienes defienden los beneficios que traería al Gobierno la propuesta, promovida por el congresista Gustavo Petro; por otra, los que la acusan de violar la libertad del mercado.
Para empezar, vale la pena aclarar que el software libre, como lo define el documento radicado en el Senado por Petro, es todo aquel que brinda al usuario la libertad de estudiar y manipular su código fuente (el conjunto de reglas que le permiten operar) y de distribuir copias bajo las mismas condiciones que le fueron otorgadas con el programa original.
Bajo esta categoría se encuentran estándares como Linux y Unix, que han servido como base para el desarrollo de infinidad de aplicaciones y herramientas empleadas en el mundo tecnológico actual.
De otro lado, se encuentra el denominado software propietario, es decir, todo aquel cuyo autor no está dispuesto a conceder licencias libremente y que cuenta con un código fuente cerrado y secreto.
Esto, en buen cristiano, significa que distribuir copias de la herramienta sin autorización es ilegal y que, aparte de su desarrollador, nadie conoce cómo funciona su estructura básica.
Los programas propietarios más utilizados en el mundo son los diseñados por Microsoft, como las plataformas Windows, el navegador Internet Explorer y las herramientas de Office.
El mercado manda El problema, sostiene Carlos Santanilla, presidente de la Federación Colombiana de la Industria del software (Fedesoft), radica en que una ley de esas características violaría algunos de los principios establecidos en la Constitución Nacional, como el derecho a la igualdad.
Según el ejecutivo, el proyecto genera discriminación contra los fabricantes y desarrolladores de software comercial protegido, sin presentar una justificación técnica o legal suficientemente fuerte.
De otro lado, el artículo 333 de la Constitución consagra la libre competencia económica como un derecho de todas las personas.
La obligación de utilizar software libre exclusivamente, señala Santanilla, coarta la posibilidad del estado de escoger programas con base en aspectos normales del mercado, como precio y condiciones de soporte técnico.
En opinión de los analistas que se oponen al proyecto, esto último favorecería la aparición de un monopolio de creadores de aplicaciones libres, pues excluiría de entre los proveedores de soluciones para el Estado a todos aquellos desarrolladores de programas de licencia.
Condiciones que cuentan Sin embargo, según especialistas en plataformas de código abierto, la propuesta no establece que ciertos tipos de software propietario deban salir del mercado gubernamental.
Lo que la propuesta pretende explica Ricardo Naranjo, gerente de Skina, una compañía dedicada al desarrollo de aplicaciones en Linux es proteger los intereses estatales al establecer ciertas reglas en la adopción de programas. Esto no representa ningún tipo de discriminación.
De hecho, el proyecto nunca prohibe las herramientas creadas por firmas como Microsoft señala Naranjo , pero plantea que se debe levantar el velo que existe sobre su código fuente .
Así las cosas, agrega el experto, analistas designados por los organismos públicos de control podrían escudriñar sus entrañas para entender su funcionamiento y modificar ciertas características que podrían resultar riesgosas.
Es bien sabido dice Naranjo que programas como Windows cuentan con instrumentos de espionaje que envían información de su computador anfitrión a Microsoft. Si estas acciones son ejecutadas en sistemas gubernamentales, información vital para el Estado estaría en serio peligro .
No obstante, Víctor Duque, especialista en sistemas libres y ex asesor del Gobierno en materia de tecnología, explica que la seguridad de la información mencionada estaría más comprometida con programas libres.
Desglosar el código fuente de un software abierto sostiene Duque no representa ninguna dificultad para un programador. Esto le permitiría encontrar la forma de romper las barreras que resguardan los datos almacenados en el sistema, algo que sería mucho más complicado si se trata de una aplicación cuya estructura permanece en secreto .
Información disponible Por otra parte, quienes apoyan la aprobación de la ley aseguran que esta permitirá promover la igualdad de acceso a la información pública por parte de los ciudadanos, lo que evitaría forzarlos a depender de proveedores únicos de aplicaciones.
En algunos casos comenta Ricardo Laverde, asesor informático de varias compañías nacionales los documentos puestos en Internet por ciertas oficinas públicas se encuentran en formatos específicos, como Microsoft Word 97. Un usuario que no tenga un procesador de texto compatible con este estándar no podrá acceder a la información.
En pocas palabras concluye Laverde , la ley garantizaría la funcionalidad de estrategias de fiscalización estatal por parte de cualquier usuario del ciberespacio .
Al respecto, Enrique Fajardo, diseñador de páginas virtuales para el Estado, sostiene que, en la actualidad, son pocos los sitios web gubernamentales que no ofrecen soporte para varias plataformas. Además dice , la mayoría de esa información puede ser consultada sin necesidad de programas diferentes al navegador .
De otro lado, Laverde asegura que, de contar con software libre en sus equipos, el Gobierno podría garantizar la perennidad de su información. Con su desaparición dice , programas como WordPerfect se llevaron grandes cantidades de documentos que nunca podrán recuperarse .
No obstante, Duque explica que, según la experiencia de los mercados de tecnología, cada vez que un programa popular deja de ser distribuido, otras aplicaciones empiezan a absorber sus características y brindan soporte a la información almacenada en el formato.
Cuestión de economía En todo caso, el argumento más popular a la hora de defender las bondades del proyecto de ley radica en los beneficios económicos que su aplicación traería a las oficias públicas.
El costo de licenciamiento para plataformas propietarias comenta Jorge Cardona, experto en soporte técnico para soluciones Linux puede alcanzar los 200.000 pesos por unidad. Una entidad del Gobierno puede tener 500 computadores, lo que significa, en principio, 100 millones de pesos, solamente por el permiso de utilización del programa .
Según el especialista, el software libre es gratuito, en muchas oportunidades, o notoriamente más barato que su contraparte comercial, en el peor de los casos. Esa condición representa un gran ahorro para quienes implementan dicho tipo de software finaliza Cardona.
No obstante, un estudio realizado por la firma Gartner Group, publicado en Internet, destaca que los costos de adquisición de software por parte de una compañía alcanzan solo 8 por ciento de la inversión total de implementación. Así las cosas, el 92 por ciento restante corresponde a capacitación, soporte, mantenimiento y administración del sistema.
Fuera de las implicaciones económicas mencionadas concluye Duque , la prevalencia de un software u otro no debe ser determinado por las leyes del mercado. Un buen producto sobrevivirá a la competencia y uno no tan fuerte estará destinado a desaparecer .
Por supuesto añade Fajardo , Linux y otros estándares abiertos son más estables que plataformas como Windows, pero su conveniencia depende de los requerimientos del usuario, no de una ley del Gobierno .
De la misma forma piensa Oswaldo Alarcón, gerente de operaciones y de programas de gobierno de IBM, compañía que ha concentrado buena parte de sus desarrollos de software en sistemas Linux; El estado no debe obligar a nadie a usar ningún tipo de software, ni libre ni propietario .
Lo peor que se puede hacer con las plataformas libres finaliza Alarcón es regularlas mediante una ley. Al igual que todos los programas, estas estructuras informáticas deben ser regidas por las leyes del mercado .
En otros países Colombia no es el primer país en el que se pretende establecer la obligatoriedad del software abierto en las entidades estatales.
En Malasia, el Gobierno decidió adoptar desde el 2001 plataformas de libre distribución con el propósito de reducir los costos de propiedad, estimular el desarrollo tecnológico local, mejorar la seguridad digital y garantizar estabilidad tecnológica del país.
En China, el Estado contrató el desarrollo de sistemas de código abierto para disminuir la dependencia de compañías extranjeras que proveían estándares empleados en el control de la infraestructura digital del país.
En Argentina se encuentra en curso un proyecto de ley que busca obligar al Estado a implementar exclusivamente programas libres. Sin embargo, la propuesta cuenta con varios detractores por que representará un desembolso económico que el Gobierno de ese país no puede costear.
En Perú, un proyecto de ley presentado por el congresista Edgar Villanueva, y que tiene el mismo objetivo que el promovido en Colombia, se ha mantenido en el centro de la opinión pública durante varios meses.
El establecimiento de leyes similares es estudiado en otras naciones como Venezuela, Bélgica, Finlandia y Noruega.
